Llarena declara agosto mes hábil para evitar «injerencias» y juzgar a los golpistas en septiembre

El juez Pablo Llarena mantendrá hábil el mes de agosto para acelerar la instrucción del 1-O y evitar injerencias políticas. El juez instructor del golpe separatista del referéndum ilegal de independencia quiere que el juicio oral y la sentencia puedan estar en la mesa del Tribunal Supremo antes de finalizar el año.

Llarena considera que la instrucción llega a su fin porque hay material probatorio de sobra ya para saltar al juicio con el delito de rebelión, el de sedición y el de malversación como grandes protagonistas. Y, además y sobre todo, no quiere que las nuevas presiones separatistas puedan convertirse en exitosas y que puedan convertirse en injerencias políticas.

El juez no quiere saber nada con los tiempos políticos. Pero sí con los judiciales. Y sabe que los vientos de presiones e injerencias suenan por bastantes rincones. Por ello y porque lo cierto es que cuenta con material probatorio de sobra, considera que las últimas testificales de la fase de instrucción se podrán tomar antes de acabar el mes de junio; que en caso de que las partes lo deseen se podrá utilizar el mes de julio para ampliaciones en este sentido; y que, por lo tanto, el mes de agosto deberá quedar para presentar los escritos de acusación y dar paso, en consecuencia al juicio oral a la vuelta del verano.

Esos plazos permitirían dos cosas. La primera, contar con sentencia antes de finalizar el año 2018, previsiblemente hacia los meses de octubre o noviembre. Y es que, como aclaran a OKDIARIO fuentes judiciales “lo complicado podía ser la recopilación de pruebas teniendo en cuenta la escasa colaboración que ha habido en algunos asuntos como el de la malversación. Pero el juicio oral no tiene razón para ser complicado”. Y efectivamente, es que, a estas alturas, es más que evidente y probado el relato del golpe separatistas perpetrado.

Hay que tener en cuenta que en una causa penal —y especialmente de esta relevancia— el mes de agosto es hábil y perfectamente utilizable, realidad teórica pese a la cual se suele intentar respetar el periodo de descanso por mantener una cierta normalidad en las vacaciones del personal judicial y los letrados.

Pero el convencimiento judicial es pleno de que la causa reclama celeridad y una respuesta clara y convincente ante la gravedad de las actuaciones y delitos enjuiciados.

Y existe otro factor que avala la celeridad y ausencia de pausa en el proceso. Y es que resulta evidente que se ha generado un clima de fuerte presión a la Justicia en ese asunto.

Así, tal y como ha publicado OKDIARIO, JxCAT quiere, como sea, que las penas a los golpistas sean rebajadas. Por eso, la formación de Quim Torra y Carles Puigdemont ha pedido ya al presidente del Gobierno que sustituya a los fiscales del 1-O que piden rebelión para los imputados. Bien por medio de que exija el cambio de criterio la nueva fiscal general, María José Segarra, bien porque se dé la orden de sustituir a aquellos fiscales de sala que insistan en la exigencia del delito de rebelión —el de mayor penas de prisión de todos los juzgados—.

El fiscal general Julián Sánchez Melgar —el último designado bajo Gobierno del PP ya ha abandonado su cargo— ha sido sustituido por María José Segarra —la misma que desató una polémica con la juez Alaya por lo que la magistrada andaluza consideraba que eran retrasos sin clara justificación en el caso de los ERE—.

Pero desde JxCAT saben que los fiscales de Sala encargados del 1-O, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, están convencidos de la aplicación del delito de rebelión y de que el comportamiento de los procesados es merecedor de fuertes penas de prisión. Por ello, los separatistas han centrado ya sus presiones en los fiscales: para que se fuerce su sustitución si no hay otra vía para reducir las penas.

Inicialmente, las presiones de los golpistas se centraron en que la nueva fiscal abandone la acusación de rebelión a los golpistas. Un intento que pretende alterar el curso natural de la Justicia y usar a la nueva figura de la fiscal general del Estado para aliviar la acusación y, consecuentemente, las condenas efectivas de los golpistas.

La iniciativa de las peticiones ha venido siempre de JxCAT, el grupo de Torra y Puigdemont. Pero es el PSOE el primero que se mostró abierto a negociar peticiones de los separatistas con motivo de la moción de censura que ha llevado a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.

Y es que el PSOE ofreció a los independentistas inicialmente reformar el Código Penal para rebajar las penas por rebelión. La retroactividad no se aplica en el campo penal, pero sólo cuando se trata de dar un trato peor a los acusados. Si consiste en mejorar el trato —reducir las penas— sí es aplicable la retroactividad. Y eso es lo que ofreció el PSOE: realizar un cambio en el Código Penal, de forma que la aplicación de las penas por rebelión se modifique y resulte menos gravosa para los acusados. Y entre esos acusados estrella se encuentran, por supuesto, los golpistas del 1-O con Carles Puigdemont a la cabeza.

Hay que recordar que, ya hace meses, fue el propio Miquel Iceta quien abrió el debate de un posible indulto para los golpistas.